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La iniciativa, que lleva seis años en tramitación en el Congreso, vivió un nuevo “retraso”, esta vez de la mano del mismo Ejecutivo. El ministro de Agricultura aseguró, tras la XIII versión del Encuentro Nacional del Agro, que el proyecto de Reforma al Código de Aguas sería aplazado hasta después de las elecciones. Un verdadero “balazo en los pies” para algunos en el oficialismo y gran parte de los parlamentarios del sector, quienes han pedido las explicaciones del caso a La Moneda y hasta han citado al secretario de Estado a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara.

Seis años de tramitación en el Congreso lleva el proyecto de Reforma al Código de Aguas. Fue propuesto inicialmente por una serie de parlamentarios y reformulado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. A pesar de que no ha sido una de las iniciativas anclas o estrellas del actual mandato, sí una parte importante del oficialismo ve en la presente administración una de las pocas oportunidades de que una reforma de tal envergadura sea aprobada.

Por eso el anuncio del congelamiento de la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones, por parte del ministro de Agricultura, Carlos Furche, en el marco de la XIII versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cayó como balde de agua fría entre la bancada oficialista y especialmente un grupo de senadores de la Nueva Mayoría, aunque fueron celebradas por la oposición y el sector de la gran agricultura.

La iniciativa había sido promovida por siete secretarías de Estado, los ministerios de Agricultura, Minería, Energía, Medio Ambiente, Economía, Hacienda y Obras Públicas, pero siempre fue dirigida por el titular de este último ministerio, Alberto Undurraga. Es por eso que llamó la atención que fuera Furche quien diera la noticia, justo después de un encuentro con el sector agrícola, reconocido como uno de los “mayores lobbistas en contra de la reforma al Código de Aguas”, señala el senador Guido Girardi (PPD).

La señal es vista como un “balazo en los pies” para la actual administración, principalmente por las críticas, desde la oposición y el candidato Sebastián Piñera, a que las promesas del Gobierno de la Nueva Mayoría finalmente “no se cumplen”. Además, se acerca “sin pudor” a un sector del mundo empresarial que ha sido abiertamente contrario a la reforma del oficialismo, que busca definir el carácter de uso público del agua, además de determinar nuevas formas de adjudicar los derechos del vital recurso y establecer condiciones para que los actuales propietarios mantengan la propiedad adjudicada sobre la base de la Constitución de 1980, que permite que los derechos de aprovechamiento de aguas ingresen como “propiedad privada” al patrimonio de quienes los adquirieron.

Furche argumentó que este proyecto sigue siendo relevante para el Ejecutivo y que esto solo sería una postergación hasta después de las elecciones. “Estamos seguros de que si se analiza desapasionadamente, con la información correcta, con lo que está presentado en el Congreso, no con los elementos que se le atribuyen muchas veces erróneamente, es posible llegar a la conclusión de que es un proyecto acotado y razonable”, indicó.

La molestia respecto al anuncio de Furche llegó lejos y un grupo de senadores oficialistas arribó hasta La Moneda y pidió explicaciones sobre lo ocurrido. Son ellos quienes destacan que este “estancamiento del proyecto” no deja a todos contentos en La Moneda, y que el mismo director general de Aguas, Carlos Estévez, no estaba de acuerdo con el anuncio de Furche, pero añadieron que aún tienen fe en que la iniciativa puede ser aprobada en la actual administración, antes de que cambie el Gobierno, y pueda eventualmente asumir Sebastián Piñera.

La diputada Yasna Provoste (DC) aseguró que esta “es un pésima señal” y enfatizó que “se produce el anuncio en una especie de guiño al empresariado agrícola que a lo menos es poco estético”. Por su parte, el senador Girardi afirmó que el argumento de que se debe esperar a que pasen las elecciones, para “calmar las pasiones” de la discusión, no corresponde, y que en el marco de elecciones es aún más importante el debate en torno a este proyecto de ley.

La molestia respecto al anuncio de Furche llegó lejos y un grupo de senadores oficialistas arribó hasta La Moneda y pidió explicaciones sobre lo ocurrido. Son ellos quienes destacan que este “estancamiento del proyecto” no deja a todos contentos en La Moneda, y que el mismo director general de Aguas, Carlos Estévez, no estaba de acuerdo con el anuncio de Furche, pero añadieron que aún tienen fe en que la iniciativa puede ser aprobada en la actual administración, antes de que cambie el Gobierno, y pueda eventualmente asumir Sebastián Piñera.

Pero esta frase del ministro de Agricultura solamente sería la materialización de un proceso de “dilación” de la iniciativa de ley, que se estaría dando en el Senado. Hasta el momento, la reforma al Código de Aguas solo ha logrado pasar el proceso de revisión de la comisión especial de Recursos Hídricos y Desertificación, pese a que a fines de noviembre de 2016 pasó a su segundo trámite constitucional en la Cámara Alta.

De esta forma, el proyecto lleva más de un mes “durmiendo” en la Comisión de Agricultura, la que sesionó por única vez respecto al tema el 4 de septiembre, ocasión en que se escuchó la exposición del director general de Aguas. Después de dicha sesión no ha habido más citaciones en la comisión para debatir respecto al asunto.

Señales al mundo agrícola

Desde parte del oficialismo, en el Parlamento aseguran que el ministro de Agricultura ha jugado un rol “en contra” de la reforma ingresada por el Ejecutivo, principalmente en el Senado. Aseveran que su despliegue ha sido similar al ejecutado por el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, en la Cámara, particularmente en la Comisión de Hacienda, una posición muy distinta a la que se habría desplegado desde la Dirección General de Aguas.

Si Micco habría impulsado la impronta “neoliberal” y “pro empresarial” durante la discusión de la reforma al Código de Aguas, el caso de Furche sería distinto. El “guardián de los agricultores” –como lo denomina un diputado oficialista– habría operado, hasta ahora, como un cortafuegos que intenta mantener contentos a distintos grupos de interés que han generado fuertes presiones en el Senado, entre ellos, la Sociedad Nacional de Agricultura, que ha levantado su defensa de la mano de su fiscal, Eduardo Riesco.

Esto no solo estaría evidenciado en la cuestionada señal que dio en la XIII versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), sino también en sus intervenciones en las comisiones de la Cámara Alta.

En su exposición en Recursos Hídricos, el pasado 10 de enero, quedaron en evidencia sus intentos por poner paños fríos a la polémica por una posible expropiación encubierta en el proyecto, posición levantada por distintos sectores agrícolas y la oposición, liderada por el senador Andrés Allamand (RN), quien asistió en distintas ocasiones a la señalada comisión.

En la sesión, Furche calmó los ánimos y enfatizó que las reglas incluidas en la reforma “operarán, para el futuro, de modo tal que no suponen una afectación de los derechos actualmente vigentes”. Además, reiteró que la eventual incertidumbre que deriva de la tramitación de la iniciativa surge a raíz de interpretaciones sesgadas respecto de su contenido. Finalmente, manifestó que el proyecto “considera la escasez de recursos hídricos en el país, lo que genera la necesidad de otorgar un uso eficiente entre los distintos actores del sector”, como indica el informe.

Entre un grupo de senadores oficialistas ha llamado la atención la cantidad de recursos que se ha destinado para el sector Agrícola. En tal sentido, afirman que esto no solo responde a la tramitación del proyecto, sino que esta mayor cantidad de financiamiento ha sido remarcada en distintas instancias por el Ejecutivo.

Así lo hizo Furche, quien recalcó la “duplicación de los fondos asignados al sector agrícola, habida cuenta de la necesidad de ampliar las superficies disponibles para el cultivo, lo que, al mismo tiempo, requiere un mejoramiento de la eficiencia en el uso de las cuencas hidrográficas, evitando la especulación y la tenencia improductiva de los derechos de aprovechamiento de aguas".

Además, añadió que dichas medidas de inversión, “junto al incremento de la inversión del sector privado y los planes de concesión de las obras de riego, contribuirán, del mismo modo, a mejorar la gestión de los recursos hídricos, afianzando la necesidad de establecer una unidad entre el sector público y privado".

Esta inyección de recursos fue recalcada asimismo por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga: “Durante el análisis de la iniciativa se tuvo especial consideración por el parecer de representantes del sector agrícola, y que el Ejecutivo ha promovido una significativa inversión con miras a mejorar los índices de eficiencia en el uso de las aguas”, detalla el informe de la comisión.

Por su parte, Carlos Estévez, cabeza de la Dirección General de Aguas, detalló –en la sesión del 3 enero– que durante el 2016 se entregaron $150 mil millones en mejoramiento de las condiciones de riego para el sector agrícola, “lo que constituye el doble del promedio anual de la última década, mientras que el aporte privado de los regantes fue de $24 mil millones”.

Inyección de recursos que es reconocida por parte del Agro, pero que no es suficiente para paliar las críticas al proyecto, las que han sido enfocadas en que “la calidad de elemento vital del agua para el hombre va mucho más allá, siendo un elemento vital para todo ser vivo, incluidos aquellos con los que el hombre se alimenta, y es un elemento vital para la economía y el desarrollo del país”, tal como indicó el fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, Eduardo Riesco, el 14 de marzo en el Senado.

Agregó que el proyecto busca “sustituir el régimen de propiedad privada por el de concesión administrativa”, lo que sería inconstitucional, “por ser, en su conjunto, contrarios a las normas sobre el dominio sobre los derechos de aprovechamiento y sobre los atributos que se reconocen al derecho de propiedad”.

A rendir cuentas

Con el fin de “conocer la posición del Gobierno frente a la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas” se “invitó” al ministro de Agricultura, Carlos Furche, y al director general de Aguas, Carlos Estévez, a la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que es presidida por la parlamentaria Cristina Girardi.

Las autoridades gubernamentales debían llegar este miércoles 11 de octubre hasta Valparaíso, para rendir cuentas, en la sesión de las 17:00 hrs., cita que fue “suspendida” y reagendada para este miércoles 18 de octubre. Aunque no hay razones claras para este aplazamiento, dentro del Congreso afirman que fue por un tema de “agenda”.

El objetivo del encuentro es ver si el Ejecutivo “tiene previsto impulsar el pronto despacho (del proyecto), atendida la importancia que reviste dicha iniciativa para solucionar diversos problemas que se presentan por los vacíos de la actual normativa”.

 

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